LA MASACRE DE LOS HORCONES

LA MASACRE DE LOS HORCONES

El movimiento campesino conmemoró el 25 de junio 38 años de la masacre de Los Horcones, una de las matanzas más crueles que registra la historia del agro hondureño ocurrida un 25 de junio de 1975. Eran las grandes luchas por la reivindicación social, por conseguir tierras para suplir una de las necesidades básicas del campesinado hondureño: la subsistencia. En plena época de siembra, los terratenientes trataban de impedir la invasión de sus tierras, mientras los campesinos se movilizaban colectivamente para recuperarla, para lo cual contaban con líderes que luchaban estoicamente y con algunos sacerdotes identificados con estas luchas. La matanza tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas, al mismo gobierno de Juan Alberto Melgar Castro y terratenientes de la zona, entre ellos Manuel Zelaya Ordóñez en cuya hacienda, Los Horcones, aparecieron enterrados los 14 cadáveres.

Previo a la captura de los campesinos tuvieron lugar grandes movilizaciones, se tomaron los juzgados de varias ciudades, se realizaron concentraciones masivas, interrupción del tráfico en las carreteras y se anunció una marcha nacional para el 25 de junio de 1975; Ese día catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, como muchos otros miles, para participar en la Marcha contra el Hambre, que diversas organizaciones campesinas habían convocado para exigir de la dictadura militar hondureña el reparto de tierras improductivas entre los jornaleros. Pero, a diferencia de los otros manifestantes, esas catorce personas jamás llegarían a su destino. Los campesinos de todo el país se concentrarían en Tegucigalpa pero el gobierno de Melgar Castro ordenó detenerlos. El 24 de junio, los campesinos de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de Capacitación Santa Clara, el siguiente día, a las 10:00 de la mañana, un grupo de escolares, dirigido por el profesor Guillermo Ayes Mejía, llegó a exigir la desocupación del edificio. La acción del maestro era acompañada por agentes del Departamento de Investigación Nacional (DIN), que vestidos de civil entraron al edificio, sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron a la hacienda Los Horcones donde los torturaron y mataron. Allí, después de torturarlos, los catorce fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a un pozo de 40 metros, que después se cegó con la explosión de dos cargas de dinamita, en un intento de eliminar las pruebas. Los primeros siete cuerpos tardarían varias semanas en ser rescatados. Según el informe del gobierno al llegar a Los Horcones el Mayor Chinchilla ordenó a tres elementos del DIN que interrogaran a los detenidos llevados de Juticalpa, luego fueron asesinados. Interrogar para el DIN significaba aplicar todo tipo de torturas que iba desde golpes, patadas, toques eléctricos, la capucha, arrancar uñas y otras crueles prácticas. Mientras tanto, el padre Iván Betancourt era también sometido a interrogatorio, en el cual rindió declaraciones sobre actividades subversivas realizadas en compañía de otros religiosos. Después del interrogatorio, Betancourt también fue asesinado. Para evitar que quedaran testigos, asesinaron a las señoritas Ruth García Mallorquín y María Elena Bolívar

Por órdenes del teniente Benjamín Plata, quien dirigía el operativo, también asesinaron a los testigos que habían observado el hecho, según la comisión que investigó el caso. Los cuerpos de las víctimas fueron lanzados a un pozo malacate, que fue dinamitado con el fin de que no quedara rastro de la acción militar. Del crimen, los tribunales de justicia encontraron culpables al mayor José Enrique Chinchilla, subteniente Benjamín Plata y a los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la Penitenciaría Central. Sin embargo, salieron libres en 1980 favorecidos por un indulto otorgado por el gobierno. José Manuel Zelaya padre fue condenado en 1979 a 20 años de cárcel, junto con otros tres partícipes en la masacre, aunque todos ellos salieron a la calle después de cumplir sólo un año de condena, gracias a una amnistía general decretada en 1980.

Los muertos fueron identificados como padre Casimiro Cypher, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera (padre del dirigente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera), Lincoln Coleman, Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo Gómez, Ruth A. Mayorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito Montoya y Óscar Ovidio Ortiz. El 25 de junio el Padre Iván Betancourt y Ruth García salieron de Tegucigalpa hacia Catacamas. Habían ido a encontrar a la mamá del sacerdote Doña Felisa Betancourt que venía a visitarle de Colombia.

Mel Zelaya Ordoñez, Carlos Barh, Chinchilla y Plata fueron señalados por la comisión investigadora de las Fuerzas Armadas como los responsables de todo. Fueron recluidos en la Penitenciaría Central hasta el 16 de junio de 1979, después de haber sido condenados a 20 años de cárcel por homicidio consumado y no por asesinato como debió ser, lo cual deja en evidencia la superficialidad de los tribunales para de justicia, ello sin contar con el hecho de que no quedó clara la actuación de las partes en un juicio plagado de lagunas; los condenados estuvieron en prisión poco más de un año porque el 3 de septiembre de 1980 fueron favorecidos por el decreto de amnistía de la Asamblea Nacional Constituyente y salieron libres el 11 de septiembre. Después de ello, el liberal Roberto Suazo Córdova, primer presidente civil después de los 19 años de gobiernos militares, nombró agregado militar de Honduras ante la República de Panamá al mayor José Enrique Chinchilla. Tampoco se actuó contra los miembros de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH) y miembros de la empresa privada señalados por las Fuerzas Armadas como responsables de crear el clima de enfrentamiento nacional. Señalaron directamente al presidente de la FENAGH Fernando Lardizábal (quién fue pre candidato a la presidencia de la república por el Partido Nacional en una oportunidad) y a Bernardo Casanova, dueño de varios aserraderos diseminados en el Departamento de Olancho. El 25 de junio se registra de acuerdo al Decreto Legislativo 47 – 2004 como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en Honduras”.