LA MASACRE DE LOS HORCONES
El movimiento campesino
conmemoró el 25 de junio 38 años de la masacre de Los Horcones, una de las
matanzas más crueles que registra la historia del agro hondureño ocurrida un 25
de junio de 1975. Eran las grandes luchas por la reivindicación social, por
conseguir tierras para suplir una de las necesidades básicas del campesinado
hondureño: la subsistencia. En plena época de siembra, los terratenientes
trataban de impedir la invasión de sus tierras, mientras los campesinos se
movilizaban colectivamente para recuperarla, para lo cual contaban con líderes
que luchaban estoicamente y con algunos sacerdotes identificados con estas
luchas. La matanza tuvo como principales protagonistas a las Fuerzas Armadas,
al mismo gobierno de Juan Alberto Melgar Castro y terratenientes de la zona,
entre ellos Manuel Zelaya Ordóñez en cuya hacienda, Los Horcones, aparecieron
enterrados los 14 cadáveres.
Previo a la captura de los
campesinos tuvieron lugar grandes movilizaciones, se tomaron los juzgados de
varias ciudades, se realizaron concentraciones masivas, interrupción del
tráfico en las carreteras y se anunció una marcha nacional para el 25 de junio
de 1975; Ese día catorce personas se dirigían a Tegucigalpa, como muchos otros
miles, para participar en la Marcha contra el Hambre, que diversas
organizaciones campesinas habían convocado para exigir de la dictadura militar
hondureña el reparto de tierras improductivas entre los jornaleros. Pero, a
diferencia de los otros manifestantes, esas catorce personas jamás llegarían a
su destino. Los campesinos de todo el país se concentrarían en Tegucigalpa pero
el gobierno de Melgar Castro ordenó detenerlos. El 24 de junio, los campesinos
de Olancho pernoctaron en Juticalpa y pasaron la noche en el Centro de
Capacitación Santa Clara, el siguiente día, a las 10:00 de la mañana, un grupo
de escolares, dirigido por el profesor Guillermo Ayes Mejía, llegó a exigir la
desocupación del edificio. La acción del maestro era acompañada por agentes del
Departamento de Investigación Nacional (DIN), que vestidos de civil entraron al
edificio, sacaron violentamente a los que se encontraban adentro y los llevaron
a la hacienda Los Horcones donde los torturaron y mataron. Allí, después de
torturarlos, los catorce fueron asesinados y sus cadáveres arrojados a un pozo
de 40 metros, que después se cegó con la explosión de dos cargas de dinamita,
en un intento de eliminar las pruebas. Los primeros siete cuerpos tardarían
varias semanas en ser rescatados. Según el informe del gobierno al llegar a Los
Horcones el Mayor Chinchilla ordenó a tres elementos del DIN que interrogaran a
los detenidos llevados de Juticalpa, luego fueron asesinados. Interrogar para
el DIN significaba aplicar todo tipo de torturas que iba desde golpes, patadas,
toques eléctricos, la capucha, arrancar uñas y otras crueles prácticas.
Mientras tanto, el padre Iván Betancourt era también sometido a interrogatorio,
en el cual rindió declaraciones sobre actividades subversivas realizadas en
compañía de otros religiosos. Después del interrogatorio, Betancourt también
fue asesinado. Para evitar que quedaran testigos, asesinaron a las señoritas
Ruth García Mallorquín y María Elena Bolívar
Por órdenes del teniente
Benjamín Plata, quien dirigía el operativo, también asesinaron a los testigos
que habían observado el hecho, según la comisión que investigó el caso. Los
cuerpos de las víctimas fueron lanzados a un pozo malacate, que fue dinamitado
con el fin de que no quedara rastro de la acción militar. Del crimen, los
tribunales de justicia encontraron culpables al mayor José Enrique Chinchilla,
subteniente Benjamín Plata y a los terratenientes Manuel Zelaya Ordóñez y
Carlos Bahr, quienes fueron remitidos a la Penitenciaría Central. Sin embargo,
salieron libres en 1980 favorecidos por un indulto otorgado por el gobierno.
José Manuel Zelaya padre fue condenado en 1979 a 20 años de cárcel, junto con
otros tres partícipes en la masacre, aunque todos ellos salieron a la calle
después de cumplir sólo un año de condena, gracias a una amnistía general
decretada en 1980.
Los muertos fueron identificados
como padre Casimiro Cypher, padre Iván Betancourt, Máximo Aguilera (padre del
dirigente de la Democracia Cristiana, Lucas Aguilera), Lincoln Coleman,
Bernardo Rivera, Francisco Colindres, Fausto Cruz, Roque Ramón Andrade, Arnulfo
Gómez, Ruth A. Mayorquín, María Elena Bolívar, Alejandro Figueroa, Juan Benito
Montoya y Óscar Ovidio Ortiz. El 25 de junio el Padre Iván Betancourt y Ruth
García salieron de Tegucigalpa hacia Catacamas. Habían ido a encontrar a la
mamá del sacerdote Doña Felisa Betancourt que venía a visitarle de Colombia.
Mel
Zelaya Ordoñez, Carlos Barh, Chinchilla y Plata fueron señalados por la
comisión investigadora de las Fuerzas Armadas como los responsables de todo.
Fueron recluidos en la Penitenciaría Central hasta el 16 de junio de 1979,
después de haber sido condenados a 20 años de cárcel por homicidio consumado y
no por asesinato como debió ser, lo cual deja en evidencia la superficialidad
de los tribunales para de justicia, ello sin contar con el hecho de que no
quedó clara la actuación de las partes en un juicio plagado de lagunas; los
condenados estuvieron en prisión poco más de un año porque el 3 de septiembre
de 1980 fueron favorecidos por el decreto de amnistía de la Asamblea Nacional
Constituyente y salieron libres el 11 de septiembre. Después de ello, el
liberal Roberto Suazo Córdova, primer presidente civil después de los 19 años
de gobiernos militares, nombró agregado militar de Honduras ante la República
de Panamá al mayor José Enrique Chinchilla. Tampoco se actuó contra los
miembros de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras
(FENAGH) y miembros de la empresa privada señalados por las Fuerzas Armadas
como responsables de crear el clima de enfrentamiento nacional. Señalaron
directamente al presidente de la FENAGH Fernando Lardizábal (quién fue pre
candidato a la presidencia de la república por el Partido Nacional en una
oportunidad) y a Bernardo Casanova, dueño de varios aserraderos diseminados en
el Departamento de Olancho. El 25 de junio se registra de acuerdo al Decreto
Legislativo 47 – 2004 como el “Día de los Héroes por la Justicia Social en
Honduras”.
